Por medio de diversos comunicados las autoridades fiscales en México, dan a conocer que a partir de este 2016 inicia un programa de revisiones electrónicas basado en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

Es una facultad de la autoridad vigente desde enero del 2014, misma que no ha sido ejecutada debido a que aún se encuentra el SAT recabando información que les permita el cruce de toda la información proporcionada tanto por los contribuyentes como por los terceros relacionados dentro de las diversas operaciones comerciales realizadas.

A partir de la entrada en vigor de la emisión de la facturación electrónica, de la obligación de enviar la declaración informática de operaciones con terceros (DIOT), del timbrado fiscal de los recibos de sueldos y salarios y de los asimilados, la información acerca de los depósitos bancarios en efectivo, y demás información disponible para el SAT, es en su conjunto, información utilizada de distintas maneras; una de ellas son las propuestas de pago con línea de captura enviadas a los contribuyentes  que realizaron depósitos en efectivo y que no coincide con los ingresos declarados, o las invitaciones para aclarar cierta información que al SAT no le concuerda con información presentada por otro contribuyente. Todo esto es un indicador de que el fisco dispone de información misma que están utilizando en beneficio de mayor recaudación por el pago de impuestos, recargos, actualizaciones y multas.

Ahora con la obligación de enviar la Contabilidad Electrónica (Catalogo de cuentas, Balanza de comprobación y Pólizas con datos de los CFDiS registrados), adicional a la información con la que ya cuenta el SAT, será más simple, sencillo y hasta cierto punto eficaz llevar a cabo el procedimiento establecido en el artículo 42 del CFF el cual establece los términos en que la autoridad llevará a cabo las Revisiones Electrónicas, por cierto mal llamadas auditorias electrónicas.

Dicha revisión comenzara con el envío al contribuyente de una resolución con una propuesta de liquidación de impuestos a cargo, y señalando las omisiones o irregularidades detectadas por el SAT, así como las sanciones a las que se ha hecho acreedor por esos incumplimientos.

El contribuyente tendrá un plazo de 15 días hábiles para aclarar los hechos señalados por la autoridad o en su caso, acreditar el pago de las contribuciones omitidas, o bien aceptar lo determinado por el fisco y cubrir las multas y los recargos correspondientes.

Para el caso de que el contribuyente aporte pruebas a su favor, pero el SAT determine que requiere de información adicional, el contribuyente cuenta con 10 días hábiles para entregarla. Se debe tener en cuenta, que la autoridad fiscal puede solicitar información a terceros relacionados con las operaciones comerciales (clientes-proveedores) y agotar las facultades que le otorga el CFF durante el procedimiento de revisión. (Artículo 53-B CFF).

Todo esto nos muestra claramente que el SAT mantiene una revisión permanente y que dicho procedimiento es tan solo la notificación de alguna revisión que la autoridad practicó con anterioridad, mediante los cruces de la información proporcionada por terceros relacionados con las operaciones de compra-venta y pago de sueldos, salarios y asimilados y de arrendamiento o de honorarios profesionales.

No obstante lo anterior, continua vigente la facultad que tiene el SAT de llevar a cabo revisiones de escritorio, revisiones por hechos manifestados en el Dictamen Fiscal así como practicar visitas en el domicilio del contribuyente.

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